Cuevas informó que el 70 % del personal está bajo contratos temporarios o a plazo fijo y que, de aplicarse el decreto, serían despedidos de inmediato. Aunque un amparo judicial suspendió momentáneamente la medida, la incertidumbre se mantiene entre los trabajadores que siguen cumpliendo funciones con recursos mínimos y sin garantías claras de continuidad.

En el día de ayer, dirigentes sindicales se reunieron con distintos bloques de la Legislatura neuquina, donde explicaron que Vialidad no solo repara rutas, sino que ejecuta obras complejas, realiza controles técnicos, mantiene la señalización, despeja caminos y responde a emergencias climáticas. Este martes, los trabajadores ofrecieron una conferencia de prensa para visibilizar el conflicto.

El desfinanciamiento es total, según denunció el sindicato. Desde el inicio de la actual gestión no se compraron insumos básicos ni ropa de invierno, las licitaciones se postergan y se opera con materiales de descarte. Por ejemplo, para tapar baches están mezclando gasoil con fresado, una solución precaria que no resuelve la falta de mantenimiento de fondo.

Durante las últimas nevadas, los operativos invernales se mantuvieron solo por la vocación de los trabajadores, pero sin los recursos adecuados. La preparación de soluciones antihielo se hace con materiales insuficientes y un seguimiento informal de los pronósticos, ya que no hay planificación oficial. “Trabajamos con lo mínimo y en condiciones límites”, afirmó Cuevas.

El Congreso Nacional tratará el tema esta semana, y desde Neuquén ya viajó una delegación para exigir respuestas políticas y legislativas. Buscan que se retroceda con la disolución de un organismo que tiene 93 años de historia, y que se garantice la continuidad laboral, aunque sea a través de convenios con provincias.

Además del riesgo laboral, Cuevas alertó sobre la pérdida de capacidad estatal para mantener rutas y responder a emergencias. Denunció que el gobierno nacional dejó de enviar los fondos provenientes del impuesto a los combustibles, base del financiamiento de Vialidad, y que esos recursos están siendo redistribuidos sin justificación.

El sindicato pide que se revoque el decreto y que se abran canales de diálogo. Consideran que la medida no solo afecta al personal, sino que compromete gravemente la seguridad vial y la infraestructura nacional. También señalaron que la situación en provincias como Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego es igual o peor, sobre todo en el marco de operativos invernales donde las condiciones extremas requieren una respuesta técnica y sostenida.