La Fiscalía de Delitos Económicos precisó que el fraude consistiría en el cobro de cirugías inexistentes por parte de profesionales de la salud. Los procedimientos se llevaron a cabo en una clínica privada y en dos domicilios particulares de un médico traumatólogo infantil y un anestesista, con el objetivo de incautar historias clínicas, computadoras y teléfonos celulares.

El caso se inició a partir de una denuncia presentada por los abogados del sindicato, quienes se constituyeron como querellantes y advirtieron que la obra social, la mutual y los propios afiliados resultaron defraudados mediante pagos indebidos a médicos que facturaban intervenciones quirúrgicas que nunca se realizaron.

Según los testimonios recabados, los afiliados asistieron únicamente a consultas en consultorios o en hospitales, pero nunca fueron sometidos a cirugías, tal como se registraba en la documentación presentada para el cobro.

Los allanamientos fueron autorizados por el juez de garantías Marco Lupica Cristo y ejecutados por personal de la División Delitos Económicos de la Policía provincial. El material secuestrado será analizado para definir las próximas medidas en la investigación, que apunta a determinar el grado de responsabilidad de los profesionales implicados y la magnitud del perjuicio económico para el sindicato y sus afiliados.