El fiscal jefe Agustín García explicó que la acusación está basada en la ley de identidad de género y en la figura agravada del homicidio por odio a la identidad, prevista en el artículo 80 del Código Penal. “Estamos ante un crimen motivado por odio hacia la identidad de género de la víctima. La investigación se encuadra en los protocolos nacionales e internacionales para casos de violencia contra personas trans”, sostuvo.

El único detenido, un hombre de 59 años, apodado “el Cordobés”, será imputado como autor del homicidio calificado por odio a la identidad de género. El fiscal García adelantó que la fiscal Guadalupe Inaudi, a cargo de la investigación, solicitará la prisión preventiva debido a la gravedad del delito y los riesgos procesales existentes.

“El cuadro probatorio con el que cuenta la fiscalía es muy contundente. Hay registros fílmicos, pericias criminalísticas y evidencias recogidas tanto en la vivienda del acusado como en el vehículo utilizado para descartar el cuerpo de Azul”, señaló García en diálogo con los medios.

Las pericias indicarían que el crimen ocurrió en la casa del imputado, donde se hallaron rastros biológicos y elementos compatibles con el ataque, así como el auto en el que habría trasladado el cuerpo hasta el desagüe donde fue encontrado.

De acuerdo con la información oficial, no existen indicios de que Azul y el acusado se conocieran previamente. La fiscalía sostiene que no hubo participación de otras personas en el crimen y que el imputado habría actuado solo, tanto en el ataque como en el traslado del cuerpo.

Testimonios vecinales y cámaras de seguridad muestran a Azul ingresando al domicilio del acusado y posteriormente, horas más tarde, al sospechoso descartando el cuerpo en el canal de Valentina Norte. Las imágenes, analizadas por la División Homicidios del Departamento de Seguridad Personal, fueron claves para sostener la acusación.

La audiencia de formulación de cargos fue fijada inicialmente para este lunes, aunque el nuevo abogado defensor pidió una prórroga para acceder a las pruebas. Aun así, el fiscal García confirmó que el acusado seguirá detenido y que se solicitará una investigación de cuatro meses, prorrogable si fuera necesario.

“La fiscalía está en condiciones de formular la acusación hoy mismo. Las pruebas recolectadas nos permiten sostenerla ampliamente”, aseguró García. En caso de confirmarse la imputación, el acusado enfrentará una pena de prisión perpetua.

La investigación judicial se desarrolla bajo los protocolos específicos para casos de violencia contra mujeres trans, siguiendo las normativas de la Ley de Identidad de Género (N° 26.743). Este caso no solo visibiliza la persistente violencia estructural hacia el colectivo trans, sino que también marca un precedente legal en la aplicación del agravante por odio a la identidad de género en la Patagonia.

La familia de Azul ya confirmó que se constituirá como querellante en la causa, acompañada por el Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT) del Ministerio Público Fiscal. El objetivo, señalaron, es garantizar que el crimen no quede impune y que la investigación se lleve adelante con perspectiva de género y diversidad.