
Marcela González, directora de la institución, alertó este martes en Radio 7 sobre la falta de «oxígeno» financiero debido a los severos atrasos en los pagos de las obras sociales nacionales, lo que ha agotado las reservas que históricamente les permitían operar con tranquilidad.
Es por esto que enfatizó que la problemática «debe abordarse como una cuestión de derechos humanos, y no solo de acción social», indicó que «el principal factor de la crisis es la brecha entre los costos operativos y los ingresos».
También explicó que programas como «Incluir Salud», de alcance nacional, pagaron recientemente junio de este año a valores de noviembre de 2024, «una desactualización insostenible para la asociación».
Esta situación impide a ACADA aumentar los sueldos de sus profesionales y compromete la renovación de contratos esenciales, forzando a la entidad a funcionar «al día» sin capacidad de ahorro.
Frente a esta coyuntura, ACADA ha solicitado la intervención del Ministerio de Gobierno. El pedido específico busca que la Provincia otorgue cuatro o cinco contratos a parte del plantel profesional, que actualmente trabaja bajo la modalidad de monotributo. Este ahorro liberaría fondos de la institución, permitiendo reacomodar las cuentas y garantizar la continuidad de los servicios vitales que brindan.
Posible cierre
«Las consecuencias de un eventual cierre o achicamiento serían devastadoras para los usuarios», aseveró.
A su vez, explicó que la asociación alquila una sede en Villa Pehuenia y una casa hogar en Aluminé y, de no poder sostener los alquileres, nueve usuarios de Villa Pehuenia quedarían sin terapias ni centro de día, y los jóvenes y adultos residentes de la casa hogar de Aluminé perderían su lugar de residencia, además de dejar sin trabajo a varias personas.
Además, a pesar de haber enviado notas a las autoridades provinciales, la directora lamentó que aún no han recibido una respuesta concreta.
Si bien confían en llegar a fin de año, González fue categórica al afirmar que, sin el apoyo estatal, «no nos podemos comprometer a empezar el 2 de enero».