Durante su visita, Blanco subrayó la crisis habitacional que atraviesan las ciudades cordilleranas, donde los altos costos de vida y la desregulación del mercado inmobiliario hacen cada vez más difícil acceder a una vivienda digna. “El alto costo de vida, la imposibilidad de acceder a una casa propia y el aumento desmedido de los alquileres son los principales problemas de las familias que viven en estas ciudades turísticas”, señaló.

Blanco advirtió que la situación se agravó con la entrada en vigencia del decreto 70/23, que derogó la ley de alquileres y generó aumentos superiores al 40% en todo el país. “La emergencia habitacional no es nueva, pero se profundizó desde que el Gobierno liberó el mercado de alquileres, vulnerando el derecho a la vivienda. El Estado permite que los grandes propietarios hagan lo que quieran”, denunció.

En ese sentido, afirmó que las políticas actuales “benefician a los especuladores y perjudican al pueblo trabajador”, y que es necesario implementar medidas que garanticen acceso real a la vivienda y a la tierra.

Entre las propuestas que el FIT-U llevará al Congreso, Blanco destacó la creación de un plan nacional de obra pública destinado a la construcción de viviendas populares, financiado a través de impuestos progresivos a la vivienda ociosa y a los grandes desarrolladores inmobiliarios.

“El objetivo es movilizar recursos para construir viviendas y generar trabajo, en lugar de seguir subsidiando a empresarios que construyen para especular en dólares y definen los precios del mercado a su antojo”, explicó el candidato.

Blanco también criticó que el decreto 70/23 haya eliminado la ley de tierras rurales, lo que, según dijo, “facilita la apropiación de lagos y ríos por parte de grandes terratenientes y empresas extranjeras”.

“En el departamento de Lácar, más del 54% de las tierras rurales están en manos de propietarios extranjeros o grandes empresarios. Esto atenta contra la soberanía nacional y el acceso al territorio de las comunidades y familias trabajadoras”, afirmó.

El dirigente del FIT-U remarcó la necesidad de fortalecer la representación de la izquierda en el Congreso. “Con diez firmas de diputados podríamos derogar el decreto 70/23, pero para eso hace falta voluntad política. Somos la única fuerza que garantiza que no se aprueben las leyes que perjudican al pueblo trabajador, ni con ausencias ni con abstenciones”, enfatizó Blanco.

Su recorrida por la zona sur neuquina forma parte de la estrategia del Frente de Izquierda para consolidar su presencia territorial en el interior provincial y ofrecer una alternativa frente al ajuste y la especulación inmobiliaria.