El fraude se originó al pasar al cobro una serie de operaciones y prácticas médicas que nunca se realizaron sobre los hijos de los afiliados directos del Sindicato.

Las irregularidades detectadas por la auditoría médica de la obra social ascienden a entre 11 y 14 operaciones facturadas falsamente. Entre los implicados se encuentra un traumatólogo infantil y un anestesista, quienes presuntamente actuaron en conjunto, además de dos médicas empleadas de la obra social que fueron despedidas de inmediato por haber aprobado dichos procedimientos.

Marcelo Velasco, abogado del Sindicato, comentó esta tarde en Radio 7 que «el fraude se sustentó en el uso de documentación falsa e historias clínicas apócrifas».

El letrado contó que uno de los casos fue la aprobación de una intervención quirúrgica compleja en tobillos, caderas y rodillas para una criatura de 4 o 5 años que padecía una cardiopatía congénita. «Ningún médico estaría en condiciones de practicarla, dado el riesgo de morbilidad enorme», afirmó.

Respecto a la situación legal, se solicitó la imputación inmediata de los cuatro profesionales involucrados. Las dos médicas que trabajaban para la obra social fueron apartadas de su cargo de forma inmediata tras detectarse su participación en la aprobación de estos cobros indebidos.

En este sentido, Velasco enfatizó «que estos actos no fueron producto de la inadvertencia, sino de una acción deliberada».

Al ser consultado sobre si existia una asociación ilícita formal, si bien no lo pudo confirmar, aseveró que se sospecha de un «concierto entre el traumatólogo y el anestesista, quienes facturaban sus servicios de manera conjunta».

En cuanto al monto del perjuicio económico, el informe preliminar indica que las estafas alcanzan números considerables. Según comentó, «son montos que en su momento fueron cercanos a los 200 millones de pesos».