En el escrito, los firmantes piden que el mandatario disponga la inmediata intervención judicial de la cooperativa, designando un interventor con plenas facultades para revisar la gestión administrativa, contable y legal de la entidad. Además, solicitan la realización de una auditoría integral sobre los últimos diez ejercicios económicos, la revisión de los actos de la actual presidencia a cargo de Jorge Salas, denunciado penalmente en varias causas por presuntas estafas, y la adopción de medidas urgentes que resguarden el patrimonio de los asociados.

El petitorio también exige que los damnificados sean notificados de manera permanente sobre el curso de las actuaciones administrativas y judiciales, y que se tomen decisiones firmes para garantizar la transparencia y recuperar la confianza en el sistema cooperativo.

Los asociados remarcaron que miles de familias llevan décadas esperando acceder a lotes o viviendas, tras haber realizado aportes económicos significativos, y advirtieron que los embargos millonarios, las causas penales y la parálisis administrativa configuran un “riesgo grave para la existencia de la cooperativa”.

Asimismo, solicitaron al gobernador Figueroa actuar en consecuencia con la promesa de “tolerancia cero frente a la corrupción”, al considerar este caso como “uno de los más graves en la historia institucional de la provincia”.