La justicia provincial avanza en una causa por defraudación al Estado relacionada con la cooperativa Viento Sur, que recibió más de 1.300 millones de pesos destinados a capacitaciones laborales que, según la investigación, nunca se realizaron. El fiscal Pablo Vignaroli informó que ya fueron formulados los cargos contra seis personas, entre ellas dirigentes sociales y una exdiputada.
“Ayer solicitamos al juez que se formalice la investigación. El magistrado tuvo por formulados los cargos”, explicó Vignaroli.
La causa fue declarada de carácter complejo por la magnitud de los fondos involucrados y la posible conexión con organizaciones sociales, funcionarios públicos y partidos políticos.
Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, la cooperativa debía presentar listados de personas capacitadas y planes de acción. Sin embargo, “nunca se presentó documentación que acredite capacitaciones reales. Lo único que se hacía era entregar listados de personas que luego cobraban como si fueran sueldos o subsidios”, afirmó el fiscal.
Además, Vignaroli adelantó que habrá nuevas imputaciones dirigidas a funcionarios públicos que, según explicó, omitieron los controles exigidos. “Los funcionarios miraban para el costado y seguían pagando, incluso sin documentación respaldatoria. A veces presentaban solo una nota pidiendo que se cumpla con el convenio”, sostuvo.
Durante la investigación se detectó que parte del dinero fue utilizado para la compra de terrenos y vehículos, así como para materiales de construcción. Algunas de estas propiedades fueron registradas a nombre de la cooperativa. “Tenemos acreditado que en uno de los terrenos se construyó una sede del FOL, lo cual constituye un beneficio indebido”, indicó Vignaroli.
Asimismo, se investiga si los fondos públicos se utilizaron para actividades políticas. “La exdiputada Suppicich fue imputada como partícipe necesaria. Recibía dinero en su cuenta sin emitir facturas ni justificar servicios. Parte de esos fondos fueron transferidos al Partido Obrero”, detalló.
La investigación también reveló una posible maniobra conjunta entre Viento Sur y otra cooperativa llamada Cae Babylon, ambas operando en el mismo domicilio y con los mismos administradores.
“Diego Mauro, aunque no figuraba como autoridad formal, era quien tomaba todas las decisiones”, señaló el fiscal.
La causa continúa con la apertura y análisis de dispositivos electrónicos secuestrados y el requerimiento de información sobre obras públicas adjudicadas a la cooperativa en Plottier y otras localidades. Vignaroli advirtió que se sospecha que estas obras se financiaron irregularmente con fondos destinados a capacitación.
“Entendemos que la cooperativa tenía como socio al Estado, que pagaba por la obra pública por un lado y la financiaba con subsidios por el otro. El panorama es complejo, pero tenemos información sólida”, concluyó.
