Dos hombres y una mujer fueron imputados por integrar una organización dedicada a la venta de estupefacientes en San Patricio del Chañar, según la acusación de la fiscal del caso, Silvia Moreira. Los allanamientos se realizaron el pasado 3 de junio y permitieron secuestrar estupefacientes, dinero en efectivo y elementos vinculados al narcomenudeo. La investigación quedó formalizada y se fijó un plazo de cuatro meses para completar la etapa de investigación.

La mujer, identificada como C.M.D, fue acusada de comercializar drogas desde su habitación en una toma del barrio La Costa. Al momento del allanamiento, estaba embarazada y tenía bajo su cuidado un niño de tres años. Por esta situación, se le impusieron medidas cautelares menos restrictivas, ya que no podrá salir de la provincia y deberá presentarse semanalmente en la comisaría local.

La acusada tenía en su poder 90 envoltorios con 28 gramos de cocaína y $318.000 en efectivo, distribuidos en distintos puntos de la habitación donde dormía su hijo. La droga estaba escondida incluso en los cajones de una cuna funcional utilizada por el niño, según detalló la fiscalía durante la audiencia.

En el segundo tramo de la formulación de cargos, se imputó a dos varones, J.G.A. y D.A.F, también como integrantes de la organización. En el domicilio allanado en simultáneo con el domicilio de C.M.D se encontraron 718 gramos de cannabis sativa, 129 gramos de cocaína fraccionados en 336 dosis, balanzas de precisión, más de $1.200.000 en efectivo, recortes de nylon y un contador de billetes.

“De la investigación practicada surge que D.A.F tendría un rol principal en la organización, siendo el dueño de casa, y participe en la asignación de tareas. En cambio J.A tiene un rol de colaboración en la vigilancia y cuidado del punto de venta, mientras que C.M.D sería la venderora en el punto de comercialización” afirmó Moreira.

Los tres fueron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de más de dos personas. La acusación se fundamentó en una investigación previa realizada por la División Antinarcóticos de la Policía provincial, que incluyó vigilancia sistemática y la identificación de personas y vehículos involucrados.

Respecto a las medidas de coerción, el juez Marco Lupica Cristo aceptó los planteos de la fiscalía. A C.M.D. se le impusieron restricciones leves. Para J.G.A. se dispuso prisión domiciliaria fuera de San Patricio del Chañar, sujeta a la verificación de un domicilio viable y mientras tanto deberá permanecer detenido preventivamente por 48 horas. En el caso de D.A.F, se dictó prisión preventiva por cuatro meses.