Esteves forma parte de la misión oficial encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, junto con el ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele; los intendentes Claudio Larraza (Plaza Huincul), Fernando Banderet (Añelo) y Mariano Gaido (Neuquén capital); la presidenta de la comisión de fomento de Aguada San Roque, Andrea Campos; representantes del Centro PyME-ADENEU y empresarios neuquinos del sector hidrocarburífero.

Nueva agenda ambiental

En declaraciones exclusivas a Noticias 7, Esteves expresó «COMARSA ha sido el gran disparador de esta agenda que estamos instalando», refiriéndose al histórico pasivo ambiental acumulado en el Parque Industrial Oeste de la ciudad de Neuquén.

La funcionaria aseguró que se está logrando remover un «basural enorme en pleno centro de la ciudad» y destacó que se está trabajando con organismos como la municipalidad, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) para establecer prácticas recomendadas. El nuevo eje está puesto en exigir a las empresas inversión en tratamiento eficiente de residuos, priorizando la bioremediación y el tratamiento in situ, en lugar de los tradicionales rellenos que crean zonas de sacrificio.

En sus declaraciones, Esteves también subrayó un punto central en la nueva política: «Estamos trabajando también en una agenda con el Instituto Argentino de Petróleo y Gas para armar prácticas recomendadas y pidiéndole básicamente a las empresas que empiecen a invertir, porque hasta ahora no se les exigía que inviertan en un mejor tratamiento, en un tratamiento más eficiente del residuo».

Criticó abiertamente el modelo anterior de gestión de residuos: «Se había estimulado simplemente la generación de rellenos de seguridad que generan zonas de sacrificio en nuestra provincia, y es tierra que después no se va a poder utilizar para un desarrollo urbanístico, por ejemplo». Y agregó con contundencia: «Las empresas tienen que empezar a invertir en más tecnología, en la bioremediación, en el tratamiento in situ, que es lo que se hace en países como en el que estamos ahora, o como también se hace en Canadá, pero eso requiere el compromiso y la inversión de las empresas».

Caso COMARSA

Esta reformulación en las reglas del juego llega tarde para COMARSA, pero revela el trasfondo de una problemática que excede a una sola empresa. En este marco, el presente artículo propone un enfoque equilibrado que pondera la responsabilidad compartida, destacando cómo las deficiencias estructurales del Estado y la falta de planificación anticipada fueron elementos centrales para entender la crisis.

Un crecimiento sin previsión estatal

El auge de Vaca Muerta, particularmente desde 2013, generó un salto exponencial en la producción de hidrocarburos y, con ello, un aumento descomunal en los residuos derivados del fracking. Entre 2022 y 2023, la generación de residuos peligrosos aumentó un 35,2%, desbordando la limitada infraestructura de tratamiento disponible en la provincia. En ese escenario, COMARSA, junto a unas pocas empresas habilitadas como Indarsa y Treater, enfrentó una demanda que superaba ampliamente la capacidad operativa instalada.

Aunque COMARSA fue acusada de recibir más residuos de los que podía procesar y de certificar tratamientos incompletos, es necesario comprender que estas prácticas se desarrollaron en un contexto donde el Estado no amplió a tiempo la oferta de infraestructura ni actualizó su capacidad de fiscalización. No se trató solamente de una mala praxis empresarial, sino también de una falta de respuestas a nivel provincial que dejó a las empresas en un terreno normativo difuso y operativo crítico.

Normativa exigente, sin acompañamiento

En 2015, el Decreto 2263/15 introdujo cambios fundamentales al obligar a las plantas de tratamiento a relocalizarse fuera de zonas urbanas y a operar bajo nuevas exigencias técnicas y administrativas. COMARSA, como muchas otras, debió iniciar un proceso de traslado y reconversión en Añelo, en medio de exigencias que no estuvieron acompañadas por incentivos, financiamiento ni marcos claros para la transición.

El Estado provincial también implementó el Manifiesto Electrónico (MERE) y nuevas resoluciones que implicaron una carga tecnológica y documental adicional. Estas reformas, bienintencionadas desde el plano ambiental, fueron impuestas sin un programa articulado de adaptación ni con la infraestructura pública necesaria para absorber los efectos colaterales. Así, la presión quedó concentrada en las empresas tratadoras, sin un acompañamiento efectivo para el cumplimiento progresivo de los nuevos estándares.

La justicia, la imagen pública y un contexto adverso

En febrero de 2024, la fiscalía neuquina imputó a directivos de COMARSA por delitos ambientales. El caso escaló mediáticamente y se reinstauraron embargos por 7 millones de dólares. Sin embargo, este proceso judicial debe analizarse en su dimensión estructural: ¿puede exigirse a una empresa que actúe como garante de la salud pública si el sistema de control estatal es insuficiente? ¿Puede tratarse como fraude lo que pudo haber sido una respuesta desesperada ante la acumulación incontrolada de residuos, frente a un Estado lento y reactivo?

Las comunidades afectadas y las organizaciones ambientales tienen motivos legítimos para exigir justicia y reparación. Pero eso no invalida la necesidad de revisar el papel que jugó la descoordinación institucional, la demora en los permisos y la falta de inversión pública para un sector que fue declarado estratégico para el país.

El plan de remediación y una oportunidad de reconstrucción

En octubre de 2024, COMARSA presentó y obtuvo la aprobación de un plan de remediación ambiental que contempla el retiro progresivo de residuos hacia su nueva planta en Añelo. La Secretaría de Ambiente supervisa el proceso, que avanza con dificultades pero también con voluntad de enmendar una situación generada por la combinación de demanda industrial descontrolada y planificación pública deficiente.

La actual gestión ha reconocido la gravedad del problema y se ha comprometido a resolver «una situación que lleva años», en palabras de Leticia Esteves. Sin embargo, es necesario que ese reconocimiento se traduzca en políticas estructurales: financiamiento para infraestructura ambiental, fiscalización anticipada, marcos de transición regulatoria y una política clara de corresponsabilidad entre Estado y sector privado.

Responsabilidad compartida, solución estructural

El caso COMARSA no debe entenderse simplemente como el accionar de una empresa aislada que actuó al margen de la ley. Debe leerse como el síntoma de una expansión industrial mal acompañada, donde el Estado no estuvo a la altura del ritmo que impuso Vaca Muerta.

Los errores empresariales, de existir, deben sancionarse en el marco judicial. Pero la verdadera solución pasa por la construcción de una gobernanza ambiental capaz de anticipar, regular y acompañar los procesos industriales complejos.

La transición energética exige sostenibilidad, pero también previsión estatal y reglas claras. El caso COMARSA ofrece una lección urgente: sin planificación ni articulación público-privada, cualquier infraestructura puede colapsar, y con ella, la confianza de la sociedad en la posibilidad de desarrollo responsable.

Este artículo se basa en declaraciones oficiales, documentación pública, registros judiciales y normativa ambiental de la provincia del Neuquén.