El Congreso Nacional se prepara para abordar este martes 8 de abril un proyecto clave que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza (LLA) y el PRO que promete generar un intenso debate legislativo. El dictamen, que ya cuenta con modificaciones tras negociaciones con bloques dialoguistas, podría marcar un hito en la agenda de seguridad del oficialismo, en un contexto de creciente preocupación por la delincuencia juvenil en Argentina.
El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, integrado por Legislación Penal, Justicia, Familia, Niñez y Juventud, y Presupuesto, será el escenario donde se intentará avanzar con esta reforma del Régimen Penal Juvenil. La propuesta original del Ejecutivo planteaba bajar la edad a 13 años, pero se ajustó a 14 tras pedidos de sectores moderados, evidenciando la necesidad de acuerdos para garantizar su aprobación en un Congreso fragmentado.
La sesión está programada para el martes a las 12:30 en el Anexo C, y se espera la participación de 142 legisladores, casi la mitad de la Cámara baja, lo que refleja el peso político de la discusión. Fuentes parlamentarias indican que el oficialismo aceptó cambios en el texto para sumar apoyos, como la exclusión de penas perpetuas y un tope de 20 años de prisión para menores, además de medidas alternativas enfocadas en la resocialización.
Organizaciones sociales y sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, ya adelantaron su rechazo a la iniciativa. ATE Capital, por ejemplo, sostiene que «el sistema penal no previene el delito» y aboga por políticas integrales para las adolescencias, mientras que especialistas en derechos humanos advierten que la medida contradice la Convención de los Derechos del Niño.
El proyecto también incluye la creación de centros especializados para menores y programas educativos como parte del proceso de reinserción, según detalla el texto girado por el Ejecutivo en julio de 2024. Sin embargo, críticos señalan la falta de infraestructura y recursos para implementarlo, un punto que podría complicar su aplicación práctica si se convierte en ley.
La discusión se reavivó tras casos resonantes de delitos cometidos por adolescentes, como el asesinato de Kim Gómez en La Plata, lo que dio impulso político a la reforma. Javier Milei y Patricia Bullrich han hecho de la baja de imputabilidad una bandera de su gestión, presentándola como una respuesta firme a la inseguridad y la impunidad, aunque sin consenso unánime entre los bloques legislativos.
Otros proyectos en danza proponen edades alternativas, como 12 o 15 años, pero el de 14 años parece consolidarse como el punto de encuentro entre LLA, PRO y dialoguistas. La radical Ana Carla Carrizo, por ejemplo, respalda esta edad, pero pide un enfoque más amplio que trascienda lo punitivo, mientras que el kirchnerismo insiste en mantener los 16 años con un sistema de sanciones menores.
El debate del martes será solo el comienzo de un camino que podría extenderse varias semanas, dado el historial de intentos fallidos por reformar el régimen penal juvenil. El oficialismo confía en anotarse un triunfo legislativo, pero necesitará tejer alianzas sólidas para superar las resistencias y llevar la ley al recinto, en un tema que divide aguas entre punitivismo y derechos humanos.
