El Gobierno nacional está elaborando una reforma migratoria que busca implementar mayores controles y restricciones sobre el acceso a la residencia para extranjeros. Este proyecto, que se propone modificar la Ley de Migraciones (25.871), será enviado al Congreso durante las sesiones ordinarias, según fuentes del Ejecutivo.
La iniciativa incluye un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes extranjeros. Funcionarios de la Nación han denunciado que durante la gestión anterior no hubo un control adecuado sobre la documentación presentada por los solicitantes, lo que habría permitido que algunos extranjeros que solo estudian brevemente permanezcan en el país de manera irregular.
Uno de los puntos clave de la reforma es la limitación a inmigrantes ilegales que tienen hijos en Argentina y que obtienen la residencia tras la confirmación de sus descendientes como ciudadanos argentinos. El nuevo trámite requerirá una serie de documentos, incluyendo cédula de identidad o pasaporte, partida de nacimiento del país de origen, certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino.
Los cambios propuestos por el Gobierno se vinculan con el programa de regularización Patria Grande, implementado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que permitió regularizar a más de 565.000 personas hasta 2007 mediante la presentación de documentación relativamente simple.
Además, el proyecto contempla la implementación de aranceles sanitarios y universitarios para extranjeros no residentes, una medida que fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Esto marcaría un cambio en la política económica hacia los inmigrantes, elevando los costos asociados a su atención y educación.
El equipo que trabaja en esta iniciativa está encabezado por Sebastián Seoane, director nacional de Migraciones, quien opera bajo la supervisión del vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán. Con este equipo, el Gobierno busca establecer mecanismos de control más efectivos y eficientes en el sistema migratorio argentino.
Por otra parte, la Casa Rosada planea reforzar el control fronterizo en el norte del país, a través de un nuevo despliegue de fuerzas de seguridad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dado inicio al plan Güemes en la provincia de Salta, que incorpora a agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura para asegurar el límite con Bolivia.
Finalmente, esta reforma migratoria responde a una política cada vez más restrictiva del Ejecutivo, que tiene como objetivo prevenir la llegada de potenciales amenazas externas. En este sentido, se menciona que el alineamiento internacional a favor de Israel ha motivado a las autoridades a implementar medidas más prudentes frente a amenazas percibidas, como las provenientes de Irán.
