La medida alcanza a las represas Alicurá, El Chocón, Arroyito, Cerros Colorados, Planicie Banderita y Piedra del Águila, ubicadas en la región del Alto Comahue, una de las zonas clave para la generación hidroeléctrica del país. Estas centrales aportan en conjunto cerca del 10 al 15% de la matriz energética nacional, lo que revela su importancia estratégica.

Actualmente, estas infraestructuras son operadas por empresas privadas como AES, Enel, Aconcagua Energía y Central Puerto, que accedieron a la explotación a través de concesiones otorgadas en la década del 90. El vencimiento inminente de los contratos había generado tensión entre Nación y provincias como Neuquén y Río Negro, que reclamaban mayor participación.

La postergación de la licitación genera incertidumbre sobre el futuro esquema de control, dado que aún no se definió si el nuevo modelo priorizará el ingreso de capitales privados o avanzará hacia una gestión estatal o mixta. El Gobierno aún no ha comunicado formalmente cómo se reestructurará el sistema de concesiones.

Fuentes oficiales indicaron que la decisión de extender los plazos responde a la necesidad de mayor tiempo para definir los términos de la nueva licitación, que será clave para garantizar inversiones, seguridad operativa y sustentabilidad ambiental. Mientras tanto, las concesionarias actuales continuarán operando bajo un régimen transitorio.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y otros mandatarios patagónicos ya habían advertido sobre la necesidad de una discusión federal, que contemple la participación activa de las provincias en la administración de los recursos naturales. El nuevo esquema podría abrir esa posibilidad si se modifica el marco jurídico vigente.

Las represas del Comahue son clave no solo por su capacidad energética sino también por su rol en el manejo del agua, riego y prevención de crecidas, factores de gran impacto económico y social en la región. Su futuro administrativo es un tema de alto interés político.

Se espera que en los próximos meses se reactive la negociación entre Nación y las provincias para alcanzar consensos sobre el destino de estas concesiones. La definición no solo impactará en la generación eléctrica, sino también en el reparto de recursos y en el modelo de gestión energética nacional.