En el tribunal oral de Neuquén se celebró ayer el alegato final del Ministerio Público Fiscal, que sostuvo ante los jueces la existencia de una estafa piramidal por un monto actualizado de aproximadamente 1.162 millones de pesos. Los fiscales solicitaron condenas para la mayoría de los imputados y cerraron su exposición con un recuento detallado de pruebas que, según sostuvieron, acreditan la operatoria ilícita.

El Ministerio Público Fiscal afirmó haber demostrado la existencia de una organización piramidal integrada por funcionarios y referentes locales, responsable de más de 9.000 maniobras fraudulentas. Durante los alegatos se describió la estructura jerárquica del esquema, las supuestas funciones de los acusados y la mecánica con la cual se canalizaban los beneficios de los planes sociales hacia terceros.

La fiscalía presentó como cifra central el perjuicio económico actualizado: 1.162.570.287 pesos con 19 centavos, cifra que los representantes del MPF explicaron ante el tribunal y la prensa. Ese monto —explicaron— surge de la actualización del perjuicio originario y fue uno de los ejes de la exposición para fundamentar la escala y el impacto de la maniobra denunciada.

Entre los imputados figuran empleados del área de Desarrollo Social y ex funcionarios provinciales, según las imputaciones que motivaron la elevación a juicio. La acusación vinculó a 12 de los 14 procesados con la presunta asociación ilícita, mientras que la defensa de algunos pretendió matizar el grado de participación de ciertos nombrados durante el debate oral.

El tramo final del alegato del Ministerio Público Fiscal estuvo marcado por tensiones en la sala: defensores intentaron intervenir y se registraron pedidos de recusación contra el tribunal por parte de uno de los letrados. La situación escaló cuando el abogado Alfredo Cury reclamó la palabra de último momento y, al no ser autorizada, presentó una recusación que obligó a la intervención del juez en funciones para restablecer el orden.

Los fiscales solicitaron penas y recalcaron que la escala del perjuicio y el carácter sistemático de la operatoria justifican sanciones ejemplares, en tanto la defensa pidió absoluciones o atenuantes para varios acusados. El planteo de la fiscalía incluyó peritajes, documentación bancaria y declaraciones testimoniales que, a su juicio, consolidan la hipótesis de fraude organizado.

Analistas judiciales locales y medios regionales señalan que el veredicto, que se espera en las próximas instancias procesales, será clave para definir responsabilidades políticas y administrativas en la gestión de programas sociales. De confirmarse las imputaciones, la causa podría derivar además en inhabilitaciones y en el pedido de reparación del perjuicio económico a favor del Estado.

El alegato final del MPF fijó en números y estructura la acusación contra quienes habrían conformado una red para defraudar con planes sociales; ahora el tribunal deberá evaluar las pruebas y expedir una sentencia que cierre la etapa oral del proceso. La causa, por su magnitud y posibles implicancias institucionales, seguirá siendo observada con atención por la ciudadanía y por los actores políticos de la provincia.