
Durante el procedimiento judicial, los investigadores descubrieron que el detenido no actuaba solo: estaba presuntamente asociado con una oficial en actividad, con funciones administrativas en la Jefatura de Policía, quien habría colaborado para montar una red paralela de adicionales.
De acuerdo con información a la que accedió el periodista Rigo Castaño, el ex policía y la agente en ejercicio operaban un sistema ilegal de servicios de custodia, conocido internamente como “adicionales paralelos”.
Este esquema consistía en ofrecer servicios de vigilancia privada a comercios y empresas, sin autorización formal de la fuerza ni registro en los canales administrativos de la Jefatura. “El policía retirado se instaló su propia ‘oficinita’, distribuía adicionales y se quedaba con el dinero. Necesitaba a alguien adentro para acceder a la información de qué locales pedían custodia”, explicó Castaño durante su crónica.
Fuentes judiciales confirmaron que el Ministerio Público Fiscal mantiene el caso bajo reserva, ya que la investigación está en curso y se presume que hay más efectivos involucrados. El silencio oficial responde a la delicadeza del expediente, que apunta a una posible red de corrupción interna con derivaciones hacia el ámbito privado.
El hecho generó un fuerte impacto en los altos mandos policiales, ya que la investigación no solo involucra a un ex agente convertido en asaltante, sino también a personal en funciones dentro de la institución. La gravedad del caso radica en que los presuntos implicados usaron información interna de la fuerza para obtener beneficios económicos, en una maniobra que vulnera los controles oficiales sobre la prestación de servicios adicionales.
Fuentes extraoficiales señalaron que el allanamiento inicial se realizó en una dependencia policial, donde se secuestraron documentos vinculados a la operatoria irregular. Desde la Jefatura de Policía y el Ministerio Público Fiscal mantienen un estricto hermetismo hasta tanto se formalicen las imputaciones.
“Estamos ante un hecho escandaloso, con una investigación que recién empieza y promete derivaciones importantes”, adelantó Rigo Castaño, quien reveló el caso en Radio 7 Neuquén. Según sus fuentes, la fiscalía podría formular cargos en los próximos días, mientras se espera la confirmación de los vínculos entre los implicados y el circuito de adicionales irregulares.
La situación, que combina corrupción interna y delito común, pone nuevamente bajo la lupa los mecanismos de control dentro de la fuerza policial neuquina y reabre el debate sobre la transparencia en los servicios de seguridad privada.