Dos personas serán llevadas a juicio por falsificar un poder notarial con el objetivo de vender un inmueble sin el consentimiento de una de sus titulares. La fiscalía, representada por Juan Narvaez y la asistente letrada Tanya Cid, formuló la acusación ante el juez de garantías y logró que la causa pase a la instancia de juicio oral ante un tribunal colegiado.

Los imputados son N.D.A. y A.R.R., quienes actuaron en conjunto en una operación inmobiliaria fraudulenta que perjudicó a una mujer que había estado casada con uno de los acusados. Según la investigación, el 27 de agosto de 2018, A.R.R., escribana, confeccionó un poder falso en el que hizo constar que el acusado y su exesposa se otorgaban poderes para vender un bien en común. Sin embargo, la víctima nunca firmó ese documento ni estuvo presente en la escritura.

Tiempo después, el 5 de febrero de 2019, N.D.A. utilizó ese poder falsificado para concretar la venta del inmueble a su nueva pareja, M.V, una operación que se llevó adelante por otra escribana que dio por válido el instrumento por tratarse de un documento público. La nueva titular inscribió el inmueble en el Registro de la Propiedad Inmueble el 7 de mayo de ese mismo año. El perjuicio económico generado a la víctima se estimó en 47.464 dólares.

La fiscalía imputó a A.R.R. por falsificación de documento público como autora, en concurso real con estafa en calidad de partícipe necesario. En cuanto a N.D.A., fue acusado como autor de falsificación, coautor de uso de documento público y autor de estafa. Ambos artículos citados corresponden al Código Penal argentino.

Durante el trámite judicial, las defensas solicitaron la suspensión del juicio a prueba. En el caso de M.V., el planteo fue aceptado por la fiscalía debido a su participación secundaria. La mujer deberá cumplir con una serie de condiciones durante tres años para evitar el proceso penal y no generar antecedentes.

En cambio, el pedido fue rechazado para N.D.A. Los fiscales argumentaron que la propuesta de reparación era insuficiente, con una oferta de pago de cinco millones de pesos en cuotas, y señalaron que los hechos ocurrieron en el marco de una situación de violencia doméstica, que luego se prolongó como violencia económica al apropiarse del inmueble.

El juez valoró las pruebas, que incluyeron peritajes y declaraciones, y coincidió con el Ministerio Público Fiscal en la necesidad de llevar a juicio a quien fue el principal beneficiado de la maniobra. A partir de ahora, la causa será elevada para su análisis en un debate oral y público.