El tribunal conformado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita será el encargado de anunciar la decisión, tras evaluar durante semanas las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la defensa de los acusados. En la misma jornada también se recibirán nuevas ofertas probatorias vinculadas al caso.

La investigación se centró en un presunto esquema fraudulento de utilización indebida de planes sociales, que habría derivado en desvío de fondos y perjuicio económico para el Estado. Según la fiscalía, la maniobra se habría sostenido con participación de distintos actores, desde ex funcionarios hasta intermediarios y beneficiarios, generando un entramado complejo de responsabilidades.

Durante las 21 jornadas de juicio declararon 48 testigos y peritos, incluyendo beneficiarios de planes sociales, ex empleados del Ministerio de Desarrollo Social, representantes del Banco Provincia del Neuquén, efectivos policiales que intervinieron en allanamientos y especialistas en informática y contabilidad. Sus aportes fueron clave para la reconstrucción del presunto circuito de la estafa.

La transmisión en vivo busca garantizar transparencia y acceso ciudadano a un proceso de fuerte interés social, al tratarse de programas estatales destinados a la asistencia de sectores vulnerables. La visibilidad del juicio refleja además la intención de la Justicia neuquina de reforzar la confianza pública en su accionar.

En el ámbito político, la causa generó debates en torno al control de los planes sociales y la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización, una discusión que se proyecta más allá de Neuquén y que repercute en la agenda nacional, donde se discuten reformas en los sistemas de asistencia.

El veredicto de este martes podría marcar un precedente en futuros procesos judiciales vinculados a la gestión de recursos estatales, dado que se trata de un caso emblemático para la provincia. La resolución no solo definirá la situación procesal de los acusados, sino también el mensaje institucional hacia la administración pública.

A la espera de la decisión, sectores políticos, organizaciones sociales y referentes comunitarios siguen de cerca la jornada, conscientes de que el resultado tendrá impacto tanto en la esfera judicial como en la confianza de la ciudadanía respecto de los mecanismos de asistencia social.