Desde las 9 de la mañana, la comisión ha estado evaluando cada uno de los puntos de la defensa, con el abogado de la vicegobernadora haciendo una introducción extensa, pero con pocas respuestas concretas por parte de la funcionaria. Domínguez destacó que la vicegobernadora no ha sabido responder adecuadamente a las preguntas formuladas. Según sus palabras, la defensa ha sido más un ejercicio de elusión que de explicación clara.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Domínguez preguntó sobre la propiedad de una pileta y los allanamientos realizados en un terreno relacionado con la vicegobernadora. A pesar de que ella negó ser la propietaria, admitió conocer al arquitecto que diseñó el proyecto. Este tipo de contradicciones ha generado dudas sobre la transparencia de su gestión.

El diputado también subrayó que las respuestas de la vicegobernadora durante la sesión fueron inconsistentes. “Se mostró nerviosa y evasiva ante preguntas directas sobre la compra de vehículos”, aseguró Domínguez. En particular, la vicegobernadora reconoció que utilizó el nombre de su suegra para adquirir una camioneta, lo que ha levantado sospechas sobre la veracidad de sus declaraciones.

La defensa ha intentado minimizar las irregularidades, alegando que se trata de desprolijidades administrativas más que de actos fraudulentos. Sin embargo, el diputado sostiene que las contradicciones en las declaraciones juradas son motivo suficiente para cuestionar su idoneidad moral. La situación se complica aún más al considerar que la vicegobernadora no facilitó el acceso del Tribunal de Cuentas a la información requerida.

Domínguez también mencionó que, a pesar de que la vicegobernadora había convocado testigos para respaldar su defensa, ninguno se presentó ante la comisión. “Esto genera más dudas sobre su credibilidad y la seriedad de su defensa”, enfatizó. La ausencia de testigos ha sido vista como un intento de evitar el escrutinio público.

El proceso legislativo a seguir es incierto. Una vez concluida la defensa, si al menos nueve diputados lo solicitan, se podría convocar a una sesión especial para discutir la posible inhabilitación moral de la vicegobernadora. Domínguez se mostró dispuesto a avanzar en este sentido, argumentando que el derecho de defensa presentado no era satisfactorio.

La situación se mantiene en estado de alerta, y los próximos pasos dependerán de las decisiones que tomen los miembros de la comisión. “El futuro de la vicegobernadora está en juego, y la transparencia en este proceso es crucial”, concluyó Domínguez. La comunidad espera respuestas claras y acciones concretas ante las acusaciones que han sacudido el ámbito político.