Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Ruiz intervino en contrataciones directas con las empresas Big Sur Marketing (de General Roca) y Pedro Ariel Sauer (de Neuquén), justificando el procedimiento excepcional bajo el argumento de que se requerían “piezas publicitarias creativas” que no podían elaborarse con los recursos del Poder Legislativo. Además, la fiscalía le atribuyó enriquecimiento ilícito por la compra de una camioneta Toyota SW4 4×4 Diamond, valuada en más de 76 millones de pesos, cuyo origen de fondos no pudo demostrar.

Las defensas de los cuatro imputados no objetaron la formulación de cargos, aunque rechazaron el pedido de la fiscalía para declarar la causa como compleja, logrando que el juez Giancarli mantuviera el plazo de investigación en cuatro meses. En su intervención, el abogado defensor Alberto Balladini, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, denunció “un atropello institucional” durante el proceso de destitución de Ruiz en la Legislatura, al que calificó como una vulneración del debido proceso.

La investigación judicial —que ya lleva más de un año— continuará con pedidos de informes al Tribunal de Cuentas y la Legislatura para determinar si las contrataciones bajo el artículo 64 inciso segundo, apartado H de la Ley 2141 fueron prácticas habituales o excepcionales.