“El querer intervenir la Cooperativa es una forma de traer mayor transparencia a las causas civiles y penales”, precisó en Radio 7 el abogado Ezequiel Otarola, quien representa a varios de los damnificados.

El pedido de intervención se basa en la gravedad de los hechos denunciados y en la cantidad de damnificados, que supera las 100 demandas civiles y 50 denuncias penales.

El abogado comentó que desde la Cooperativa “siguen cobrándole a la gente, pidiendo dinero en efectivo y continúan manipulando con el sueño de la casa propia”.

“Pedimos que los que denunciaron dejen de pagar porque ya hay un litigio”, agregó.

A su vez, con respecto a las penas para los implicados, en caso que la justicia confirme que se trata de una estafa, sostuvo que “la fiscalía debería poner penas graves por la cantidad de hechos que se imputan. En el mejor de los casos debiera ser prisión efectiva porque se trata de estafas reiteradas”.

“Hay que brindarle una solución a la gente que pagó una casa o un terreno y esa solución tiene que venir también por parte del Estado”, cerró.