La medida busca garantizar la transparencia, normalizar el funcionamiento institucional y asegurar la prestación de servicios a la comunidad. Fue respaldada por la mayoría de los bloques políticos, quienes coincidieron en la necesidad de una intervención ante las graves irregularidades detectadas en la administración de la cooperativa.

Según se informó desde el recinto, las denuncias presentadas por los propios asociados en los últimos meses impulsaron la decisión legislativa, que ahora deberá ser ejecutada por el Poder Ejecutivo de la provincia.

El Gobierno neuquino tendrá la responsabilidad de designar al interventor, quien estará a cargo de conducir la cooperativa durante el proceso de reordenamiento y deberá establecer un plan de acción para restablecer la confianza de los socios y la comunidad.