En una audiencia realizada este lunes en la Ciudad Judicial, el fiscal Agustín García detalló las evidencias que vinculan a José Fernández con el femicidio de Rosana Artigas, la mujer que era buscada en Plottier.

Durante la cita, la parte acusadora mostró las pruebas de geolocalización y las cámaras de seguridad como elementos para fundamentar el delito, mientras que el acusado prefirió guardar silencio. La Justicia dictó que Fernández debe permanecer con prisión preventiva por un plazo de 10 meses.

A Fernández lo imputaron por «homicidio doblemente agravado», tanto por el vínculo previo de ex pareja, como también por femicidio en contexto de violencia de género.

En una conferencia de prensa,  García informó que «el hecho en sí sabemos que ha ocurrido el jueves 23 y entendemos que este aspecto la imputación es muy solida», mencionando que consiste en declaraciones testimoniales que sitúan a la víctima ingresando al domicilio de su ex pareja.

«Él fue a buscarla a bordo de un vehículo a su domicilio y luego es captado con el mismo vehículo horas más tarde en la localidad de Centenario. Posteriormente utilizó otro vehículo para hacer el descarte de la víctima, en la zona de China Muerta, en el Río Limay. Todo esto siempre intentando procurar su impunidad», agregó.

En ese sentido, señaló que en una cámara de seguridad ubicada en la zona de CAPEX de Plottier «se ve transitar a alta velocidad al vehículo Renault Oroch, en el cual cargó el tacho que contenía el cuerpo de Rosana», el día jueves a las 13:45. García agregó que Fernández la estranguló con una soga y la metió en el tambor para prenderla fuego.

Por el momento, informó que la evidencia recolectada «no indica la participación de un tercero». También señaló que en diciembre del 2022 se registró una denuncia de la víctima que recayó en la oficina de Violencia y Juzgado de Familia, pero que «esa denuncia nunca transitó el fuero penal».

Asimismo, comunicó que en enero de 2023 hubo una denuncia por parte de Rosana refiriendo que Fernández no cumplía con la orden de restricción. También indicó que han existido otras conductas violentas, pero que «no fueron puestas en conocimiento en ningún organismo judicial».