La Comisión de Hacienda de Neuquén avanza con el proyecto del narcotest, que se aplicará a funcionarios de los tres poderes del Estado, según confirmó Marcelo Bermúdez, integrante de la comisión. El tratamiento legislativo sigue su curso y se espera que en los próximos días el despacho llegue al recinto para su aprobación.
Bermúdez detalló que el proyecto cuenta con despacho y revisiones por distintas comisiones, tras considerar observaciones de diputados. Estas correcciones buscan perfeccionar la redacción y atender inquietudes sobre el alcance y procedimiento de la ley antes de su tratamiento final.
El funcionario destacó que Brenda Buchiniz realizó observaciones atendibles, lo que motivó una semana más de análisis en las comisiones. Tras este proceso, el despacho será elevado al recinto, donde se estima que obtendrá aprobación por amplia mayoría, consolidando el proyecto como ley provincial.
Según Bermúdez, el narcotest será obligatorio para todos los funcionarios con poder de decisión, incluyendo gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, diputados, jueces, fiscales, defensores y titulares de empresas del Estado. Cada funcionario deberá someterse a exámenes sorpresivos, al menos una vez al año, bajo un régimen de contrapruebas.
En caso de un resultado positivo en los exámenes, el funcionario será removido de su cargo según su jerarquía, asegurando que la adicción no interfiera en el ejercicio de la función pública. Bermúdez subrayó que la medida busca separar problemas individuales de responsabilidades estatales, protegiendo la integridad del Estado.
El legislador aclaró que la remoción de funcionarios se aplicará de manera unánime, independientemente del poder al que pertenezcan. La Constitución determina distintos procedimientos según el cargo, pero la idea central es garantizar que quienes ocupan puestos clave no tengan vínculos con actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico.
Bermúdez también criticó recientes fallos judiciales que, según su visión, favorecen a delincuentes organizados. Mencionó casos de reiterancia no aplicada y allanamientos bloqueados, destacando que la ley busca cerrar vacíos legales que permitan a funcionarios mantener relaciones incompatibles con la ley.
Finalmente, el integrante de la comisión aseguró que el proyecto avanza con normalidad y que no existen obstáculos que puedan retrasar su sanción. El objetivo es consolidar una ley con fundamentos claros: proteger la función pública y evitar vínculos con el narcotráfico, sin intervenir en la vida privada de los ciudadanos.
