El sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina reclamó respaldo de legisladores y gobernadores para rescindir el decreto 461/25 que elimina Vialidad Nacional, destacando el riesgo de más de 5.200 despidos a nivel nacional, incluidos 140 trabajadores en Neuquén que garantizan el mantenimiento de rutas clave en la región.

Legisladores provinciales presentaron en la Legislatura un proyecto de comunicación —apoyado por bloques como MPN, JxC, Unión por la Patria y FIT-U— que solicita al Poder Ejecutivo nacional dejar sin efecto la medida y preservar el mandato constitucional de Vialidad, como organismo estratégico.

En la comisión de Asuntos Laborales, el secretario general gremial, Luis Cuevas, advirtió que la disolución amenaza la conectividad territorial y la seguridad vial, al tiempo que denunció que muchos empleados ni siquiera cuentan con ropa de invierno ni equipamiento básico.

El diputado Francisco Lépore de Avanzar Neuquén cuestionó la medida y difundió audios de vecinos cordilleranos alarmados por el impacto en el despeje de pasos fronterizos y el estado de rutas nacionales, afirmando que la política nacional carece de planificación y perjudica a las familias locales.

La justicia ya suspendió el decreto gracias a un amparo judicial presentado por el gremio, decisión que regirá por seis meses, mientras continúa el debate político y legal sobre la vigencia de Vialidad Nacional como organismo público autónomo.

En el proyecto se insiste en que el cierre del organismo afecta directamente al mantenimiento de más de 1.382 km de rutas nacionales que atraviesan Neuquén, cuya reparación costaría entre cinco y seis veces más si se abandona el sistema de conservación preventiva actual.

El rechazo a la medida se suma a la presión de múltiples actores provinciales y sindicatos, quienes advierten que el plan del gobierno nacional responde a una agenda ideológica de achicamiento del Estado sin contemplar la realidad territorial ni el patrimonio vial construido en casi un siglo.

La discusión en Neuquén pone en escena una pulseada entre el gobierno nacional de Milei y los poderes locales, donde se debate la vigencia de un organismo clave como Vialidad y se reclama una gestión que combine modernización con responsabilidad pública y previsión estratégica.