Bermúdez explicó que la reiterancia es una institución del Código Procesal Penal de Neuquén, que permite la prisión preventiva cuando una persona tiene imputaciones previas y comete un nuevo delito. Sin embargo, señaló que existe una disparidad notable en su implementación, con jueces que la aplican rigurosamente y otros que la evitan o la declaran inconstitucional.

El diputado enfatizó que la ley fue sancionada legítimamente por la legislatura y promulgada por el Ejecutivo, pero aun así se enfrenta a resistencias judiciales que actúan “a gusto”, según sus palabras. Bermúdez subrayó que esta situación evidencia una “casta judicial impenetrable” que no siempre ajusta sus fallos a la normativa vigente.

Casos recientes en Aluminé y otras localidades demostraron fallos sorprendentes, como considerar que la usurpación familiar no puede ser penada si el terreno no estaba alambrado. Para Bermúdez, estas decisiones ponen en riesgo la seguridad de vecinos y policías, que deben enfrentar a delincuentes que luego son liberados sin aplicar la ley de reiteración.

El diputado insistió en la necesidad de que el Legislativo ejerza control sobre la conducta judicial, impulsando procedimientos que obliguen a los jueces a explicar sus decisiones y, en casos extremos, habilitando acciones para la remoción de magistrados que no cumplan con la ley. Esta medida busca garantizar que la justicia responda a los estándares legales y proteja a la ciudadanía.

Bermúdez destacó que cada detención implica riesgo para la policía y vecinos, y que la liberación inmediata de reincidentes aumenta la sensación de inseguridad. Señaló que los diputados deben superar la pasividad y actuar frente a jueces que no aplican la ley, promoviendo procedimientos constitucionales para mantener la integridad del sistema judicial.

Finalmente, el legislador manifestó su compromiso de reunir apoyos en la Cámara de Diputados para garantizar la correcta aplicación de la ley de reiteración y avanzar en medidas que responsabilicen a los jueces. Según Bermúdez, solo mediante mayor control y seguimiento se podrá restablecer la confianza en la justicia y proteger efectivamente a la población de delitos reiterados.