“El ataque fue brutal, con al menos 25 puñaladas, uso de distintos tipos de armas blancas y golpes contundentes. Hubo premeditación, violencia y un claro componente de odio”, explicó Castaño durante la cobertura.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el acusado pasó por el lugar donde Azul ofrecía servicios sexuales, en la esquina de Mosconi y Tierra del Fuego, la levantó en su camioneta y la llevó hasta su vivienda.
Horas más tarde, otra cámara registró cómo el hombre cargaba un bulto envuelto en una lona atada con alambre —presumiblemente el cuerpo de Azul— en el asiento trasero de su camioneta Ford Ranger, con la que luego se dirigió hasta el sitio donde fue hallado el cadáver.

La fiscalía detalló que el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca en el pecho y abdomen, además de golpes en el rostro y fracturas. Los investigadores sostienen que se trató de un asesinato motivado por odio hacia la identidad de género de la víctima, encuadrado en la figura de transfemicidio, prevista en el artículo 80 del Código Penal.

“No fue un crimen pasional ni accidental. Fue un acto de extrema violencia de género y discriminación”, sostuvo la fiscal del caso, María Eugenia Enaudi, junto al fiscal jefe Agustín García.

Durante la audiencia, el abogado defensor del acusado admitió que su cliente dio muerte a Azul Semeñenco, aunque intentó argumentar que se trató de un homicidio cometido “en un contexto de emoción violenta”, posterior a un supuesto consumo de cocaína entre ambos.
Según la defensa, ese encuadre reduciría la calificación a homicidio simple, con una pena de entre seis meses y tres años, es decir, carcelable.

Sin embargo, la fiscalía rechazó esa versión y reafirmó la intencionalidad discriminatoria y el ensañamiento del ataque. La audiencia concluyó con la decisión del juez de otorgar cuatro meses de investigación fiscal y ocho meses de prisión preventiva al acusado, quien permanecerá detenido mientras avanza la causa.

Un punto central de la audiencia fue la existencia de cámaras de seguridad instaladas en la propia vivienda del acusado. Según informó la fiscal Enaudi, se trabaja en destrabar el DVR que contendría la filmación completa del ataque.

“Si ese material se logra recuperar, no quedarán dudas sobre la mecánica del crimen ni sobre el carácter de transfemicidio”, explicó Rigo Castaño.

El caso se encamina a un juicio por jurado popular, debido a la gravedad de los cargos y a la posible pena de prisión perpetua prevista por el Código Penal en casos de homicidios agravados por odio a la identidad de género.

El acusado posee antecedentes penales previos, aunque sin condenas firmes. Este dato, según explicó la fiscalía, no atenúa la gravedad del hecho ni impide la prisión preventiva.

El hermano de Azul, presente en la audiencia y acompañado por allegados y organizaciones de diversidad sexual, fue recibido con aplausos y muestras de apoyo tras la formulación de cargos. Aún no se ha constituido querella formal, aunque la familia se encuentra en tratativas para hacerlo.

El caso generó una fuerte conmoción en la sociedad neuquina, al tratarse de uno de los crímenes más brutales registrados en los últimos años, y reavivó el reclamo de justicia y protección hacia las personas trans.