Según los manifestantes, empleados de la gestión del exfuncionario Jorge Salas continúan ocupando cargos estratégicos, especialmente en el área de Asentamientos, donde se maneja información sensible sobre la asignación de terrenos. Desde el gremio aseguran que parte de esos datos estarían siendo filtrados a terceros, quienes luego ocupan ilegalmente lotes pertenecientes al IPVU.

Los trabajadores señalaron que las denuncias internas realizadas por delegados gremiales y empleados de planta sobre estas irregularidades desencadenaron represalias. Algunos de ellos fueron denunciados formalmente por la propia estructura política, en lo que interpretan como una maniobra para acallar los reclamos.

El secretario de Acción Política de ATE, Mario Sepúlveda, afirmó que la asignación de terrenos debe realizarse mediante procedimientos regulares, y que los intentos de denunciar anomalías han sido sistemáticamente bloqueados. Sostuvo además que la planta política debería haber sido desvinculada con la salida de Salas, de acuerdo con las normas vigentes y el convenio colectivo.

Mientras tanto, las puertas del IPVU permanecen cerradas y no se brinda atención al público ni se garantiza una guardia mínima, lo que ha generado malestar entre los ciudadanos que se acercan a realizar trámites. Los manifestantes no cortaron calles, pero la presencia policial y la movilización alteraron el tránsito en Carmen de Patagones y zonas aledañas.

Desde ATE advirtieron que si no hay una respuesta concreta por parte del Ejecutivo provincial, podrían trasladar la protesta al Ministerio de Hacienda o Casa de Gobierno. La demanda es clara: que se remuevan los funcionarios políticos aún presentes y que se investiguen las presuntas maniobras de filtración de información sobre terrenos y viviendas.

El reclamo se suma a otros episodios denunciados por vecinos, que afirman haber recibido indicaciones “desde el IPVU” para ocupar terrenos que luego resultaron no tener asignación oficial. Esta situación fue calificada como grave y susceptible de una investigación penal, ya que se trataría de un delito que pone en riesgo la transparencia de la política habitacional provincial.