Según supo Noticias Argentinas, de acuerdo a lo publicado por Cinthia Ruth en Infobae, la trabajadora, identificada como Paula P., fue investigada a partir de mayo de 2024 por orden del coordinador de Recursos Humanos de la Procuración General, Esteban Aliani. La pesquisa constató un patrón de ausencias reiteradas con certificados médicos y licencias extraordinarias entre 2019 y 2023, además de su traslado a Neuquén durante la pandemia, sin dejar de cobrar como empleada judicial rionegrina.
Los oficios enviados a AFIP y ANSES confirmaron que Paula P. trabajaba también en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados, lo que constituye una incompatibilidad legal con el cargo judicial. A pesar de haber alegado desconocimiento de la normativa y dificultades personales, los instructores del sumario señalaron que su conducta violó los artículos 8 inciso a) y 9 de la Ley Orgánica 5731 y la Ley de Ética Pública L3550.
El Superior Tribunal de Justicia dictó la exoneración definitiva el 12 de febrero de 2025. Además, ordenó remitir las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para evaluar si corresponde iniciar una causa penal por eventual perjuicio económico al Estado, en relación con los salarios percibidos durante las ausencias injustificadas.
