Una mujer fue imputada por crueldad animal luego de ser acusada de abandonar a su perro en un estado de extrema vulnerabilidad en San Antonio Oeste. El hecho sucedió el pasado 11 de marzo, cuando la joven abandonó al canino en una esquina y finalmente murió pese a recibir asistencia veterinaria.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la mujer habría dejado al animal en la intersección de las calles Islas Malvinas y Las Heras durante la medianoche. Una vecina encontró al perro en un estado sumamente vulnerable, lo denunció en redes y ante la Justicia. Presentaba un cuadro grave de deshidratación, desnutrición y múltiples lesiones.

El animal, identificado como “Pilincho” o “Tigre” se encontraba en condiciones críticas: tenía una temperatura corporal superior a los 39 grados, no podía sostenerse en pie por sí solo y evidenciaba un sufrimiento generalizado. Su estado fue documentado por fotografías y reportes de los profesionales.

A pesar de los esfuerzos realizados por una organización protectora de animales, a la que pertenece la denunciante, el cuadro fue irreversible. El 15 de abril, una veterinaria determinó practicarle la eutanasia, ante la imposibilidad de revertir el deterioro físico y emocional que presentaba.

El hecho fue encuadrado como delito de crueldad animal, de acuerdo con el artículo 3 inciso 7 de la Ley 14.346 y el artículo 45 del Código Penal. La mujer fue notificada formalmente de la apertura de la causa penal, en la que se incorporaron pruebas claves como denuncias y testimonios, documentación veterinaria, informes de zoonosis, actas municipales y registros fotográficos.

Durante la audiencia, el Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y otorgó un plazo de cuatro meses para el avance de la investigación preparatoria. Además, impuso restricciones a las partes involucradas.

Entre las medidas cautelares dispuestas se incluyen la prohibición absoluta de contacto con los miembros de la organización rescatista K-llejeros, el impedimento de acercamiento y la obligación de establecer un domicilio fijo durante el proceso judicial.

La acusada fue representada por la defensa pública penal, que no se opuso a la formulación de cargos y anunció que trabajará sobre una hipótesis alternativa a la presentada por la fiscalía. La investigación continúa su curso bajo supervisión judicial.