Una jueza federal decidió aplazar por 30 días el ingreso de carne con hueso a toda la Patagonia, generando inquietud en productores, carnicerías y consumidores de la región. La medida suspende los efectos de la resolución 460 del 26 de junio de 2025, que habilitaba la entrada de estos productos, y se tomó luego de una presentación judicial realizada por la Sociedad Rural de Tierra del Fuego.

En diálogo con Radio 7, Lucila Apolinaire, referente de la Sociedad Rural de Tierra del Fuego, explicó que la medida cautelar presentada en el juzgado federal no solo afecta a Tierra del Fuego, sino a toda la región patagónica, desde Río Colorado hasta Tierra del Fuego. Según indicó, la resolución anterior había modificado de manera significativa la situación sanitaria y comercial de la región, generando preocupación entre los actores del sector.

La notificación del juzgado llegó ayer y establece que dentro de 48 horas se deberá pagar una caución, procedimiento habitual en estos casos, para que la suspensión quede firme. A partir de ese momento, por al menos 30 días no debería ingresar carne con hueso a la Patagonia, permitiendo que productores y autoridades evalúen el impacto de la medida y planifiquen próximos pasos.

Apolinaire describió que el impacto sobre las carnicerías locales y consumidores será inicial, dado que gran parte de la carne importada no cumplía con los estándares de calidad esperados. Explicó que los cortes más baratos eran principalmente grasa con hueso, mientras que los de buena calidad tenían precios similares a los locales, lo que limitaba la posibilidad de que los consumidores se beneficien con los nuevos ingresos.

Además, la referente destacó que la situación refleja un problema estructural de logística y precios en la Patagonia, donde los costos de transporte elevan los precios de todos los productos, no solo de la carne. Según Apolinaire, los fletes de hasta 3.000 kilómetros encarecen la canasta básica y condicionan el acceso de la población a productos de calidad, afectando el consumo cotidiano.

Desde la perspectiva de los productores, la suspensión también es una oportunidad para avanzar hacia un estatus sanitario libre de aftosa sin vacunación, como ya lograron Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay. Apolinaire advirtió que mantener un doble estándar dentro del país dificultaría el acceso a mercados internacionales y podría generar nuevas restricciones comerciales, como ocurrió con Chile a principios de agosto.

La incertidumbre se mantiene mientras se espera la auditoría que realizará Chile a partir del 8 de septiembre, y los productores confían en que se abrirá un diálogo más participativo con Senasa y las autoridades nacionales. Según la referente, la medida tomada de manera apresurada y sin consultas públicas carecía de legitimidad, aunque era legal, y por eso solicitaron su suspensión para proteger la integridad del mercado regional.

Finalmente, Apolinaire reafirmó que la cautelar regirá durante 30 días, periodo en el que se evaluará la situación sanitaria y comercial de la región. La expectativa es lograr un diálogo inclusivo que permita avanzar hacia un sistema más transparente y competitivo, evitando impactos negativos en la Patagonia y asegurando la calidad de los productos que llegan a los consumidores.