El dirigente aseguró que existen acuerdos internacionales y un mercado abierto para la compra de agua pesada, pero que la paralización responde exclusivamente a la falta de decisión política. “Hoy lo que se necesita es que Nación y Provincia se hagan cargo”, expresó.

La PIAP depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que posee la titularidad, mientras que la provincia de Neuquén controla el 51% del complejo industrial. Sin embargo, ninguno de los dos niveles del Estado ha confirmado la inversión inicial necesaria para reactivar la producción.

Valenzuela explicó que la planta se encuentra en buen estado de conservación gracias al mantenimiento realizado por los trabajadores, lo que permitiría retomar actividades en pocos meses. A pesar de ello, los sueldos se están abonando en cuotas desde hace casi tres meses, incumpliendo los contratos laborales.

Desde ATE denuncian que la falta de fondos pone en riesgo más de 400 puestos de trabajo directos y una infraestructura única en su tipo en Argentina y Latinoamérica. El agua pesada producida en la PIAP es insumo clave para reactores nucleares que generan energía en el país y el exterior.

El gremio recordó que empresas extranjeras, entre ellas canadienses, han visitado la planta y ratificado el interés en comprar el producto. Sin embargo, remarcaron que “sin financiamiento inicial, no se puede avanzar con la producción”.

La protesta de este jueves busca visibilizar el conflicto sin entorpecer el tránsito, ya que no habrá cortes de ruta. Los trabajadores entregarán volantes a los automovilistas explicando la situación crítica que atraviesan y el riesgo de cierre definitivo si no hay medidas antes del 30 de octubre, fecha en que vence la prórroga de mantenimiento.

“La traba es política, no técnica ni de mercado. Es una decisión que deben tomar el gobierno nacional y provincial para garantizar la continuidad de la planta y preservar los puestos de trabajo”, concluyó Valenzuela en diálogo con medios locales.