Un video que circula en redes sociales muestra a un interno recién ingresado en la cárcel provincial de Zapala siendo obligado a pedir disculpas ante la cámara por otros reclusos. La escena, de no más de un minuto, expone una forma de justicia carcelaria paralela que vulnera los derechos de las personas detenidas y pone en evidencia las condiciones de control deficientes dentro del penal.
El interno, con evidente nerviosismo, expresa una disculpa forzada por haber agredido a familiares de los internos que lo increpan. Aunque el video no muestra agresiones físicas, el tono intimidatorio de quienes están detrás de cámara refleja una situación de hostigamiento psicológico sostenido por códigos internos de convivencia.
El hecho sucedió en el módulo de ingreso de la unidad carcelaria zapalina y revela que los detenidos cuentan con acceso a dispositivos móviles, desde donde se graban y difunden este tipo de escenas. Se trata de una violación directa a la normativa penitenciaria, que prohíbe el uso de celulares dentro de los establecimientos.
Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia aún no emitieron declaraciones oficiales sobre el episodio. Sin embargo, fuentes vinculadas al sistema penitenciario reconocen que la circulación de videos desde el interior de los penales se ha vuelto cada vez más frecuente, lo que sugiere un debilitamiento del control institucional.
Especialistas en derechos humanos advierten que este tipo de situaciones constituyen una forma de violencia institucional encubierta, en la que el Estado no garantiza la integridad ni el resguardo de las personas privadas de libertad. “Los recién ingresados son particularmente vulnerables, y el hecho de que sean increpados por otros internos por hechos del exterior muestra que hay códigos de castigo que el Estado no controla”, indicó una fuente del Comité contra la Tortura.
El Observatorio de Políticas Penitenciarias de Neuquén ha advertido en informes previos que la cárcel de Zapala se encuentra entre las más conflictivas de la provincia, con sobrepoblación, deficiencias en infraestructura, y escaso personal capacitado para intervenir en situaciones de riesgo o contención emocional.
La escena registrada genera preocupación sobre el ejercicio de una justicia paralela en contextos de encierro, donde las reglas de convivencia se rigen más por el poder de facto entre internos que por protocolos institucionales. En este caso, la “sanción” aplicada al interno se justifica por un hecho sucedido fuera de la cárcel —una agresión a familiares— que fue castigado por el grupo carcelario con una exigencia pública de arrepentimiento.
Este episodio, lejos de ser aislado, expone un problema estructural en el sistema penitenciario provincial, donde las fallas en el control interno, la circulación de dispositivos ilegales y la ausencia de mecanismos de resguardo eficaces para personas recién ingresadas hacen posible que se instalen dinámicas violentas sostenidas por la impunidad.
Frente a este panorama, organizaciones de la sociedad civil, abogados defensores y organismos de control han exigido una revisión profunda de las condiciones en los penales neuquinos, así como una intervención urgente para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los detenidos, independientemente de los delitos por los que estén procesados o condenados.
