A pesar de haber reunido 1.500 firmas y solicitar la intervención en la causa, el juez denegó su participación. La situación se agravó cuando, tras una prórroga anterior que finalizó el 17 de octubre, el interventor solicitó 15 meses adicionales, alegando la necesidad de auditar siete balances de la gestión anterior.

El grupo denunciante considera que el argumento de la prórroga es falso. «No se puede cerrar un balance 23-24 cuando no se cerró lo anterior porque no pueden hacer correlativo los saldos», señaló Cesar Santochi, vecino de Zapala, en Radio 7.

También, comentó la decisión final de otorgar los 15 meses de prórroga al interventor se habría producido el lunes por la noche, después de que la cooperativa permaneciera cerrada el lunes y martes por falta de resolución. “Vamos a seguir denunciando las irregularidades que está cometiendo el interventor”, afirmó.

Además, se cuestionan gastos como la instalación de un sistema que nunca se concretó en la gestión anterior y que ahora se está implementando de manera «complicada».

Otras irregularidades notables incluyen el uso de vehículos de la cooperativa para fines electorales, ya que «andaban las camionetas de la cooperativa recorriendo las escuelas y llevando gente, algo que no deberían hacer», aseveró.

El grupo sostiene que la cooperativa maneja una recaudación mensual de unos 3.000 millones de pesos y que parte de los fondos se destinan a cancelar una deuda judicial con el EPEN, lo que podría dejar un pasivo mayor al finalizar la intervención.

Los socios también reclaman la urgente convocatoria a elecciones y una revisión integral de los padrones, afectados por sobrecostos y falta de actualización.